Alianza Más Información Más Derechos
Alianza Más Información Más Derechos, es una plataforma de organizaciones sociales que tienen como propósito común, impulsar la transparencia y el derecho de acceso a la infomación pública. Fue conformada con el apoyo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas (FIIAPP) y la Unión Europea. La Alianza monitorea y hace veeduría al cumplimiento de la Ley 1712 de Acceso y Transparencia a la Información Pública en Colombia. Hace control social y presta vigilancia al nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa (información mínima obligatoria) de una selección de organismos públicos, responsables de la gestión y regulación de servicios básicos como salud, educación, saneamiento básico y agua potable, además de la atención a víctimas del conflicto armado. La alianza hace también un análisis detallado sobre transparencia de la Rama Judicial.
Nació como una campaña en una iniciativa conjunta, liderada por la Embajada Británica y el British Council junto a el Proyecto Antonio Nariño, la Fundación para la Libertad de Prensa, Transparencia por Colombia y el CIDER de la Universidad de los Andes. Esta campaña buscó hacerle frente a las dificultades que posee el derecho de acceso a la información en el país, entre ellas la falta de conocimiento del marco legal y los mecanismos jurídicos existentes para solicitar información desde los diferentes actores. La campaña fue lanzada oficialmente el 29 de Abril de 2009, en el marco del evento “Más información mejor democracia” llevado a cabo en la Universidad de los Andes, Bogotá -Colombia. Allí se unieron a la iniciativa: La Corporación Nuevo Arco Iris, Alianza Medios y Democracia, PNUD Colombia, Medios Para la Paz y Corporación Ocasa.
Tras un año de aprendizaje, eventos y trabajo conjunto, la campaña se transformó en una plataforma para dar lugar a una segunda etapa, ahora como alianza de organizaciones sociales en pro del derecho de acceso a la información en Colombia, iniciativa a la que adhirieron el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad-DeJusticia, El Centro de Investigación y Educación popular CINEP y el Programa Bogotá Cómo Vamos.
Hoy la Alianza Más Información Más Derechos se encuentra coordinada por la Fundación para la Libertad de Prensa y la integran: Proyecto Antonio Nariño, Corporación Ocasa, Transparencia por Colombia y DeJusticia, quiénes siguen trabajando por lograr un pleno conocimiento garantía y ejercicio por parte de funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos de este derecho fundamental. Promovió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Colombia ( Ley 1712 de 2014 ). y sigue realizando seguimiento a la implementación de esta ley en el territorio nacional.
La primera campaña de la Alianza fue "Está en sus manos" que buscaba resaltar el acceso a la información pública como un derecho fundamental que fortalece la gobernabilidad, los derechos humanos y la democracia. Entre las piezas de comunicación elaboradas con este tema, están los afiches "La información está en sus manos", el "Periodismo por y para el acceso a la información", y "El Estado garante del acceso a la información".
La Alianza presenta un informe de control social al cumplimiento del las obligaciones de transparencia de entidades públicas. Produce también, materiales pedagógicos (documentos, videos, infografías) para incentivar el uso de la Ley 1712 de Acceso y Transparencia a la Información Pública por parte de organizaciones sociales y lleva a cabo labores de abogacía a través de videoblogs y columnas de opinión.
El principal resultado de su gestión fue lograr la aprobación de la Ley 1712 de 2014. Como esfuerzo sostenido ha ganado espacio en el diálogo nacional sobre las políticas de transparencia y acceso a la información. Acumula una experiencia importante sobre herramientas de comunicación para promover e incentivar el uso de la ley de acceso a la información.
El informe de veeduría constituye una línea base sobre las obligaciones de transparencia activa que pretende, de manera constructiva, advertir algunos aspectos por mejorar al interior de las entidades evaluadas. La metodología de evaluación es pública y por lo tanto puede ser tomado por otros tomadores de decisiones y organizaciones sociales con el fin de estructurar sus propios instrumentos de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014.
Derecho de acceso a la información.
Durante el lanzamiento de esta plataforma en abril de 2010, se hizo un pronunciamiento que inlcuyó puntos como:
- La transparencia y efectividad en cada uno de los procesos de acceso a la información pública por parte de los diferentes actores, son fundamentales para la construcción de una sociedad democrática.
- Cualquier persona puede solicitar información pública, no tiene que justificar por qué y para qué fines la solicita. Si es información de reserva debe existir una justificación legal para no proporcionarla.
- El Estado tiene la obligación de recolectar, sistematizar, producir, publicar y divulgar a través de mecanismos efectivos la información pública. Además de ser colaboradores permanentes en el cumplimiento de este derecho.
- Los sistemas de información pública existentes en Colombia requieren modernización, unificación y compatibilidad entre sí para facilitar el acceso a información oportuna, veraz de manera sistematizada.
- La "cultura del secreto" genera tensión entre los funcionarios públicos y los ciudadanos, ya que obstaculiza el acceso a la información. En muchos casos, el derecho de petición se percibe como un recurso agresivo.
- No basta con tener una ley de acceso a la información, se requiere un cambio en la cultura de funcionarios y ciudadanos.
Tomado de la página web de la Alianza "Más información más derechos".
Alianza Más Información Más Derechos es uno de los casos que ejemplifica el contenido del Módulo 1: SABER. Derecho de acceso a la información pública en Comunicar derechos en el posconflicto. Caja de herramientas y estrategias, una publicación del Banco Mundial y la Unesco, con el financiamiento del Nordic Trust Fund. El objeto de la publicación es ofrecer a quienes trabajan en contextos de posconflicto, insumos de comunicación, libertad de expresión y acceso a la información, que les permitan impactar políticas públicas y potenciar los derechos humanos de las víctimas.
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